Lima, 30 jul (PL) El gobierno peruano defendió hoy, ante objeciones consevadoras, una reforma constitucional planteada por el presidente Ollanta Humala para consagrar al agua como derecho fundamental.
Miembros del Ejecutivo dijeron además que están en marcha los proyectos de aumentos de sueldos de maestros, militares y policías y las gestiones en pos de facultades del parlamento para legislar en materia de seguridad ciudadana y defensa.
Esos temas fueron planteados el sábado último por el presidente Ollanta Humala en un mensaje al Congreso por el aniversario nacional, en el que hizo un balance de su primer año de gestión y expuso proyectos y metas.
La vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, señaló la necesidad que la Carta Magna consigne el derecho al agua, ante el rechazo de fuerzas conservadoras como Fuerza 2011, de seguidores del expresidente Alberto Fujimori, y el socialdemócrata Partido Aprista, del ex gobernante Alan García.
Esos grupos y el tradicional Partido Popular Cristiano alegan que la reforma constitucional es innecesaria, aunque analistas políticos ligan la resistencia a la cerrada defensa de la
Espinoza señaló que el agua ha sido declarada derecho humano fundamental por Naciones Unidas y que su protección para la población debe ser prioridad en Perú.
El parlamentario centrista Heriberto Benítez dijo que el proyecto apunta a que las empresas mineras que inviertan en el país lo hagan teniendo en cuenta que no podrán afectar, como han hecho hasta ahora, los recursos hídricos para sus operaciones.
Humala anunció el proyecto tras señalar que la gran mayoría de los conflictos sociales son socioambientales, es decir causados por el rechazo a actividades extractivas que afectan el entorno y en particular el agua y señalar que su gobierno no autorizará ningún proyecto que afecte la provisión de agua.
La ministra de Justicia, Eda Rivas, indicó que la reforma propuesta consistirá en incluir el derecho inalienable al agua en el capítulo de la Constitución referida a los Derechos Fundamentales de la Persona.
Añadió que la medida apunta a que haya armonía entre las actividades extractivas y la preservación de los recursos naturales, como el agua.
El exviceministro del Ambiente, José de Echavez, dijo que la reforma es un gran avance que debe conllevar una política de recursos hídricos que garantice su adecuada distribución y un control ambiental que evite la contaminación de los mismos.
El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable, Luis Izarra, planteó que el cambio, reclamado por su organización, se haga efectivo pronto y dijo que las resistencias conservadoras obedecen al interés en que el agua sea una mercancía y un negocio.
Señaló que también debe controlarse de manera estricta que las empresas mineras no cometan abusos contra el ambiente al contaminar el agua.
Izarra coincidió con el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Agua Potable de Lima (Sedapal), Sergio Solórzano, en que la reforma debe impedir la privatización de esa empresa.
Solórzano añadió que, ante la oposición conservadora, el sindicato que encabeza comenzará en breve una campaña para recolectar firmas de ciudadanos para convocar un referendo sobre la reforma constitucional propuesta por el gobierno.
Fuente: Prensa Latina
