El pasado domingo día 2 de septiembre apareció publicado en la sección Negocios del diario El País un artículo del economista estadounidense Jeffrey D. Sachs –traducido por Carlos Manzano–, titulado Una red de soluciones mundiales.
En él, Sachs reclamaba “salvar al planeta de una catástrofe medioambiental introducida por el hombre” de la mano de las demandas de buena parte de la sociedad, inclinadas, con el paso del tiempo, hacia una mayor atención y preocupación por las temáticas ambientales. “Los grandes cambios sociales se producen de varias formas” –argumentaba– y ejemplificaba dicha afirmación destacando los avances tecnológicos como variables propensas a generar dicha transformación, así como el papel de los visionarios ante un cambio de paradigma o los dirigentes políticos como propulsores de reformas socioeconómicas.
Según Sachs, “nuestra generación necesita urgentemente espolear otra era de grandes cambios sociales. Esta vez debemos actuar para salvar el planeta (…)”. Una constatación justificada en base a los episodios extremos que periódicamente recorren la geografía más diversa: olas de calor, sequías, inundaciones, incendios forestales, glaciares que retroceden, ríos contaminados y tormentas extremas que azotan el territorio a un ritmo que aumenta dramáticamente a consecuencia de las actividades humanas, etc. Consecuencias del modelo de desarrollo socioeconómico afianzado desde mediados del siglo pasado, modelo que en los últimos tiempos se ha visto cuestionado por buena parte de la sociedad ante los índices de afectación sobre los recursos naturales y los bienes públicos acotados bajo la concepción global de medio ambiente. Así, las demandas sociales –auspiciadas, básicamente, bajo el paraguas de las asociaciones ambientalistas– han focalizado su atención ante las consecuencias de dicho modelo sobre el bienestar de las generaciones futuras. En consecuencia, el medio ambiente no es aceptado como una variable al margen del modelo de desarrollo, al contrario, deviene un factor clave en la consecución de los objetivos a medio y largo plazo.
Junto a las demandas de mayor atención a las consecuencias territoriales del modelo de desarrollo instaurado en la actualidad, cada vez son más las voces que se alzan exigiendo una mayor legitimidad en la toma de decisiones relativas, precisamente, a temáticas medioambientales. Tanto las políticas de marco europeo como las propias de los estados miembros carecen de soluciones ante las “amenazas” medioambientales. Bien por la falta de acuerdos globales donde el medio ambiente no sea un arma de doble filo o un factor proclive a devenir transacción económica, bien por la falta de cumplimiento de las políticas, tratados y directivas acordadas de forma mayoritaria por los responsables nacionales.
Desde la Conferencia de Estocolmo (1972) hasta la reciente Cumbre de Rio + 20 (2012), son cuarenta los años en que el medio ambiente ha ocupado y preocupado parte de los intereses institucionales a nivel internacional, nacional y local. En este transcurso de tiempo, la sociedad ha ido adaptando –con diversidad de escalas espaciales y temporales– su modelo de desarrollo, de manera que la intensidad de las consecuencias negativas del mismo en su entorno más inmediato ha motivado una mayor toma de conciencia ante la necesidad de cambios de conducta. A resultas, la sociedad misma viene reclamando mayores dosis de participación en aquello que afecta los recursos naturales y, con ello, el conjunto de bienes públicos, donde el agua es, con recurrencia, el protagonista indiscutible. En los últimos años, desde los principales organismos internacionales en materia de medio ambiente y gestión de recursos naturales se viene reconociendo el papel de la sociedad civil como legitimador de los acuerdos obtenidos así como limitador del vínculo de gobiernos y políticos con intereses partidistas, alejados de la escala temporal que deben contextualizar las medidas en política ambiental, donde el corto plazo sirve de poco sin el balance a largo plazo. En consecuencia, los gobiernos a diferentes niveles se han visto impulsados/obligados a esforzarse para reaccionar de manera eficaz en un entorno cada vez más complejo, incierto y dinámico. Se observa pues que la legitimidad de las instituciones públicas tiende a deteriorarse poco a poco ante una ciudadanía cada vez más reflexiva y crítica, con nuevos valores y sobretodo, conocimientos, que no pueden ser atendidos con el modelo de gestión precedente. De tal modo que, sin compartir problemas y responsabilidades entre interesados, sea difícil avanzar en la mejora de la gestión del territorio.
Con el fin de sumar conocimiento y ante la lectura de la implicación de la sociedad civil como imprescindible para la consecución de los objetivos medioambientales y la gestión de los recursos naturales, desde las Naciones Unidas y en el marco de la Conferencia Rio+20, se lanzó una nueva y audaz iniciativa a nivel mundial: la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una herramienta de movilización del conocimiento y la experiencia social para actuar ante la dinámica medioambiental negativa que sufre el planeta. La idea consiste en recurrir a las redes mundiales de conocimiento y acción para determinar y demostrar nuevos planteamientos de vanguardia para el desarrollo sostenible en todo el mundo. Una red que pretende sumar organismos internacionales, gobiernos, representaciones de la sociedad civil y sector privado. Se trata, en definitiva, de no limitar la compartición del conocimiento adquirido y la experiencia territorial ante variables cambiantes que influyen en la dinámica ambiental del entorno y que, cada vez más, condicionan el desarrollo socioeconómico de las sociedades en ambos hemisferios.
El agua y el suelo son cada vez más los principales motivos de preocupación de buena parte de la sociedad. Su disponibilidad en cantidad y cualidad afianza la necesidad de legitimar sus usos y las consecuencias de las decisiones sobre ellos adoptadas. Eso conlleva un análisis del estado de los recursos y de los requerimientos de estos asociados a las necesidades del entorno. Y todo desde la complejidad de variables, intereses y contextos. Es precisamente en la gestión de los recursos hídricos donde más se ha avanzado en un cambio de paradigma social focalizado en la complejidad. El paso de la Vieja cultura del agua –basada en el paradigma hidráulico como motor de desarrollo– a la Nueva cultura del agua ha simbolizado esta evolución en la concepción del entorno y sus recursos. Sus postulados, “los ríos son ecosistemas vivos”, “no hay gestión del agua sin gestión del territorio” y “debate público y participación real en las decisiones” conforman los pilares de una nueva forma de interpretar las necesidades de las sociedades y las posibilidades del entorno a darles respuesta. Hará falta estar atentos a como la sociedad, en su diversidad de contextos, intereses y prioridades, es capaz de nutrirse de las concepciones del nuevo paradigma y de si favorecerá la defensa de aquello predicado con actuaciones responsables y permanentes en el tiempo.
Fuente: iagua.es
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