Centroamérica, así como el resto de Latinoamérica y el Caribe, se ve cada día más afectada por desastres. Cuatro de los seis países de la región se encuentran entre los quince con mayor índice de riesgo, con registros para el periodo entre 1993-2011; calculado por número de eventos, número de víctimas y pérdidas económicas en relación a su producto interno bruto. En respuesta, la ayuda humanitaria ha aliviado las necesidades más urgentes de la población, sin embargo, los procesos de recuperación no han generado dinámicas de cambio y transformación en las condiciones de vida que generaron este impacto.
Ya en 1998, el huracán Mitch había develado la situación de vulnerabilidad en la que se había desarrollado la región, afectando a tres millones de personas; y, más recientemente, en 2011, la Depresión Tropical 12E impactó nuevamente a dos millones de personas, con daños estimados en US$ 1.969 millones. A estas cifras se debe sumar el impacto que año a año generan las inundaciones y los movimientos de tierra en las temporadas de lluvia. En promedio, Guatemala sufre pérdidas anuales por desastres por el orden de los US $63 millones, Honduras de US $42 millones y El Salvador alcanza una cifra de US $127 millones. Este impacto afecta seriamente el PIB nacional pero también, de manera más directa, las inversiones en vivienda y medios de vida, así como las opciones de desarrollo de la población afectada. Hoy en día el nivel de vulnerabilidad es tal que hasta la lluvia más ligera genera problemas en zonas urbanas y rurales.
Una lección aprendida de estos eventos es que para que los desastres se conviertan en una oportunidad, los procesos de recuperación deben ser organizados previamente, con una visión de transformación que integre la intervención en diferentes áreas del desarrollo y de manera articulada en los actores públicos y privados.
Por ello, el PNUD ha puesto en marcha entre 2014 y 1015, el proyecto Preparación para la Recuperación Post-Desastre en Centroamérica. A través de esta iniciativa se han fortalecido capacidades de gestión en los diferentes niveles territoriales. A nivel regional centroamericano, se ha conformado una red de especialistas para la evaluación y planificación de la intervención en este tema. A nivel nacional, se han formulado marcos nacionales de recuperación e integrado en instrumentos de política y/o planes de gestión de riesgo. A nivel local, se han extraído lecciones aprendidas de experiencias de recuperación, y se han formulados guías municipales para intervenir en procesos de recuperación.
A fin de intercambiar experiencias, durante la última semana del mes de julio 2015, un grupo de autoridades y técnicos de municipios e instituciones nacionales de El Salvador tuvieron la oportunidad de compartir sus iniciativas en la materia y vincularse con sus pares de Guatemala.
El encuentro destacó la importancia del ordenamiento territorial en la reducción de riesgos y en los procesos de recuperación, y ha alimentado el interés de las instituciones de El Salvador y Guatemala en descubrir nuevas iniciativas y estrategias para reducir las condiciones de riesgo, así mismo la promoción de la colaboración intermunicipal e interinstitucional para mejorar las herramientas de planificación y recuperación a nivel local y central, que conlleve a una cooperación Sur-Sur entre ambos países.
El PNUD es así un actor clave en los esfuerzos para llevar los acuerdos globales a acciones concretas. El Marco de Acción de Sendai (instrumento orientador a nivel global, aprobado en la Conferencia de Naciones Unidas para el periodo 2015-2030) busca promover procesos de recuperación transformadores de las dinámicas de desarrollo, bajo la consigna de reconstruir mejor. En los próximos años se deben reforzar las capacidades institucionales para asegurar que se cumpla este objetivo, como contribución indispensable para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Fuente: www.undp.org
