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Alcances del Índice de Democracia Ambiental

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belarus-sitios-ramsarAnnel Alcántar

La participación pública en la toma de decisiones es esencial para garantizar la sostenibilidad en el planeta; por eso es indispensable tener acceso a la información y, ante la vulneración de su garantía, debe haber una vía jurisdiccional de defensa.

En este contexto, el Índice de Democracia Ambiental (EDI, por sus siglas en inglés) fue desarrollado por The Access Initiative y el World Resources Institute con el propósito de identificar el cumplimiento de los países en cuanto a los derechos a documentarse, contribuir o exigir justicia en la materia, reconocidos en el Principio 10 de la Declaración de Río, adoptado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el año 1992.

Para explicar su funcionamiento, se reunió un equipo de expertos vinculados con el tema: Andrea Cerami, Olimpia Castillo, Tomás Severino, Diana Ponce y Marisol Anglés, pertenecientes a organizaciones civiles y a la academia.

Indicadores

En 2013, México fue una de las 13 naciones donde se hicieron las pruebas piloto de 75 indicadores legales para la generación del índice, construidos a partir de los parámetros establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con la presencia de Juan Carlos Carrillo, de FUNDAR, y Tomás Severino, de la organización Cultura Ecológica.

Para 2014, las leyes y prácticas fueron calificadas por más de 140 especialistas. En el caso de México por Diana Ponce, consultora egresada de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios, y Marisol Anglés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En una escala de cero a tres se calificó el desempeño de los gobiernos al dar seguimiento y registrar problemas que involucran los derechos referidos.

Como resultado del análisis, se ubicaron en los primeros sitios: Lituania con un puntaje global de 2.42 y Latvia de 2.31, mientras que Namibia con 0.59, Malasia con 0.58 y Haití con 0.51, se colocaron en las últimas posiciones, especificó Olimpia Castillo, de Comunicación y Educación Ambiental.

“Nuestro país ocupó el lugar 20 con 1.74 puntos, los que se dividen en: 0.78 en participación pública, 2.43 en acceso a la información, y 2.0 a la justicia, lo que lo ubica por debajo de territorios latinoamericanos como Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, El Salvador y República Dominicana. No obstante, nos encontramos por encima de Chile, Argentina, Nicaragua, Trinidad y Tobago, y Venezuela”, afirmó Ponce.

Todavía hay desafíos y, en consecuencia, respecto a lo relacionado con la colaboración en la toma de decisiones sobre el entorno, documentarse es el insumo para figurar en estos procesos.

Fuente:

Annel Alcántar, 29 de febrero de 2016, Alcances del Índice de Democracia Ambiental. Gaceta UNAM

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