ATL

Noticias Noticias IMTA Repaso histórico del agua en México – Parte II (1917- 1970)

Repaso histórico del agua en México – Parte II (1917- 1970)

E-mail Imprimir
AddThis Social Bookmark Button

Repaso historico del agua en Mexico2La semana pasada hicimos un recorrido a través del periodo definido entre los años 1888 y 1917. Dando continuidad a la evolución del manejo del agua en la historia de México, en esta segunda parte retomamos nuestra historia a partir del parteaguas que significó la redacción del artículo 27 de la Constitución de 1917 que, como vimos, tuvo el mandato de llevar a cabo el reparto de agua y su conservación, además del reparto de tierra.  

La cúspide de la implementación del artículo 27 en territorio mexicano quedó simbólicamente sellada por el evento del 6 de octubre de 1946, en el que el presidente Ávila Camacho, acompañado por el expresidente Lázaro Cárdenas y el secretario de Agricultura y Fomento, Marte R. Gómez, inauguró la presa que finalmente domaría las aguas del río Nazas en El Palmito, cumpliendo el sueño que los técnicos habían vislumbrado cincuenta años antes. La presa fue renombrada en honor al presidente Cárdenas por su papel en la implementación de la reforma agraria en el México posrevolucionario. En su discurso, Marte R. Gómez recordó la fecha del 6 de octubre de 1936 como el día agrario más importante en la historia del país, por la solución del problema de la distribución de tierra. Asistieron al evento cerca de veinte mil campesinos, muchos de los cuales eran beneficiarios de la reforma agraria, tras una larga década de espera por una fuente de abastecimiento segura y predecible, representada por la gran presa. Por diez años, el reparto de aguas había estado integrado al reparto de tierras; sin embargo, los retos ambientales y técnicos impuestos por el río Nazas forzaron a los técnicos de la época a diseñar e implementar ambas estrategias (reparto de agua y tierra) de manera separada en tiempo y espacio. De forma natural, en el periodo definido entre los años 1936 y1946, la Región Lagunera estuvo plagada de conflictos y tensiones sociales entre ejidos y pequeños productores por la forma en la que se iba a implementar ese reparto. En ese momento de nuestra historia, esta presa representaba una esperanza de impulso a la producción agrícola y un camino seguro al éxito de la implementación de la reforma agraria, ambos simbolizados por la enorme escultura del general Cárdenas y los campesinos, erigida a un costado de la presa por la Comisión Nacional de Irrigación (CNI). 

Al iniciar el sexenio del presidente Miguel Alemán, el 1° de diciembre de 1946, surgió una transformación adicional del sector hídrico. Durante su mandato, el presidente Alemán ampliaría y fortalecería la función de la CNI, transformándola en la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), el único ministerio en su tipo del continente, la cual tenía entre el 8 y el 11 % del presupuesto federal total. Si bien Alemán conservó el nombre de la presa como Lázaro Cárdenas, obra hidráulica diseñada para proveer de agua a los productores ejidales, optó por darle un giro al objetivo de la misma, dirigiendo la fuerza de la SRH y el agua de la presa hacia un propósito totalmente opuesto al del presidente Cárdenas. 

A principios de ese mismo año dio inicio de forma intempestiva una sequía que persistiría por diez años sobre partes de Estados Unidos y la zona norte de nuestro país. Como resultado de los efectos de este evento, el presidente norteamericano, Franklin D. Roosevelt, estableció los distritos de conservación de suelo en su famoso New Deal. Lo que en México motivó la promulgación de una ley de conservación de suelo y agua durante el sexenio del presidente Ávila Camacho, cuyo propósito era la prevención de la erosión y las inundaciones. Curiosamente, esta ley definía la “conservación” del agua a través del represamiento de ríos y la construcción de bordos; es decir, no promovía la preservación del libre flujo de los ríos. La visión ingenieril de la época interpretaba como un defecto de la naturaleza los pulsos naturales en el caudal de los ríos, pues se le concebía como una fuerza destructiva y poco productiva.

La sequía trajo consigo niveles bajos en la presa, con registros que reportaban tan solo una fracción de su capacidad de almacenamiento. La agricultura de la región se volvió deficitaria desde el punto de vista hídrico, con lo que se incrementó considerablemente su dependencia sobre la extracción de agua subterránea. Esto a pesar de que el conocimiento hidrogeológico de la SRH había dictaminado por medio de decreto una serie de vedas para proteger al agua subterránea.

La falta de agua superficial por la sequía dio lugar a una tensión adicional entre los ejidatarios y el gobierno federal, el cual éste último aprovechó para presionar a los agricultores ejidales, acusándolos de presentar una resistencia a la tecnificación del riego y a la modernización de sus prácticas agrícolas. Este discurso fue el que conformó la reforma agrícola tecnocrática del presidente Alemán, diseñada para mutilar la progresividad social de la reforma agraria Cardenista. Sin lugar a dudas, las condiciones naturales complicadas desempeñaron un papel importante en esos años aciagos a mitad de la década de los cincuenta, pero la sequía fue tan solo uno más de los fenómenos perturbadores que colocaron a la región muy cerca del colapso socioeconómico. A esto debemos añadir la preferencia del Estado y del sector privado por el uso de tecnología ambientalmente invasiva en aras de un beneficio económico de corto plazo, políticas públicas que favorecieron la entrada y el establecimiento de la agroindustria altamente contaminante y el correspondiente debilitamiento de los ejidatarios, así como la discriminación en su contra. El ejemplo ideal de la conjunción de estas condiciones está dado por la proliferación del negocio de las bombas para la extracción de agua subterránea, personificada nada más y nada menos que por el secretario de Agricultura y Fomento, Marte R. Gómez, quien a través de su posición de privilegio fomentó la proliferación de pozos de extracción y la sobreexplotación del acuífero, en detrimento de los pequeños productores que no podían acceder a este tipo de equipo. 

En 1945, el gobierno revisó el Artículo 27 constitucional para situar al agua subterránea bajo dominio federal. Esta revisión, junto con la Ley de Conservación del Suelo y el Agua de 1946, tuvo poco efecto sobre la conservación del agua o cualquier otro recurso natural. México se encontraba en medio de un proceso de industrialización y expansión comercial, y la agricultura, siendo un sector clave, era preponderante sobre cualquier otra consideración ambiental. La política alemanista de importar en lugar de industrializar al país resultó en una época caracterizada por conflictos de interés y corrupción que dejó muchas leyes sin efecto (Gauss, 2013; Niblo, 1999). Marte R. Gómez fue el símbolo de esa época, al involucrarse en la promoción de bombas de extracción de agua subterránea, al mismo tiempo que ejercía funciones de secretario de estado. Este funcionario aprovechó para su beneficio personal la sequía de agua superficial, junto con la política de importación del gobierno federal, para abrir la puerta a la comercialización de equipos extranjeros que garantizaban el acceso al agua subterránea a los agroindustriales. Tan estrecho fue el lazo con la compañía encargada de manufacturar las bombas (Worthington), que una vez dejado el puesto de secretario de estado, Gómez se convirtió en prestanombres de la empresa en México y logró el establecimiento de una planta en el país (Cotter, 2003). Miguel Alemán inauguró dicha planta el 15 de mayo de 1951 en la Ciudad de México, evento que encarnó la operación del poder político a favor del poder económico, pues se utilizó todo el aparato del Estado para generar las condiciones más favorables para dicho establecimiento. Se otorgaron los permisos de importación y exención de impuestos a través de Hacienda y se utilizó la Ley de Fomento de Industrias de Transformación para facilitar el acuerdo. Se llegó incluso al grado de pagar, a través de la emisión de bonos serie B de Nacional Financiera, el 25 % del capital invertido en la instalación de esta empresa extranjera en nuestro país. Para el año 1954, las ganancias de Worthington de México se habían incrementado diez veces, de un millón a diez millones de pesos. Este “éxito empresarial” en tan corto tiempo fue resultado de las políticas favorables de importación del gobierno federal y del levantamiento de vedas de agua subterránea en virtud de la alta demanda del recurso en la región lagunera.

De forma paralela, después de la Segunda Guerra Mundial, se impulsó en México el uso de pesticidas y fertilizantes a gran escala, para lo que se implementó la llamada Revolución Verde. Inicialmente patrocinada por la fundación Rockefeller y bajo el auspicio del gobierno de México, esta iniciativa permitió la entrada de fertilizantes y semillas cuyo propósito, en teoría, era garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad y reducir la pobreza rural y urbana. Evidentemente, el esfuerzo no solamente falló en este sentido, sino que ayudó a incrementar la desigualdad económica en México. Lo que es peor, después de ser un país autosuficiente en la producción de granos durante la década de los sesenta, en los setenta, México pasó a ser un país importador de alimentos, situación que continúa hasta nuestros días y que se ha agravado desde la ejecución del Tratado de Libre Comercio (Browning, 2013). Es importante señalar que el gobierno de México de esa época siempre fue un socio gustoso de los intereses extranjeros para la implementación de estas medidas; es decir, no fueron impuestas. En este sentido, como ya hemos visto, el papel de funcionarios faltos de ética, que después serían “exitosos empresarios”, fue clave. 

La modificación de 1945 al artículo 27 constitucional daba al Estado, en papel, la rectoría sobre el agua subterránea, pero desde entonces arrastramos una escasa capacidad de implementación y verificación en el territorio, ya sea para verificar las vedas de extracción o los volúmenes concesionados. Esto se debe a tres factores corrosivos: conflictos de interés entre los técnicos y sus inversiones en negocios de manufactura de equipos de bombeo, la insaciable demanda de agua de la agroindustria y la displicencia por los efectos de largo plazo de las actividades extractivas de corto plazo (Moreno Vázquez, 2006). Los efectos negativos de estas acciones afectaron gravemente y de forma desproporcionada a los más pobres, principalmente ejidatarios, a quienes siempre se les complicó el acceso al agua. 

El periodo aquí descrito evidencia el gran daño que en la historia moderna del país ha generado la corrupción rampante. Esta resulta de un comportamiento poco ético de técnicos y funcionarios públicos de alto nivel, encargados de administrar la nación, su tierra y su agua. Las similitudes con el estado actual de las cosas son muy grandes. Por esta razón, debemos aprovechar que esta administración busque el saneamiento de la vida pública nacional. Es obligación de todos participar y construir la transformación hídrica por la vida. La lección de este periodo de la historia nos indica algo que ya sabemos, pero que nos falta interiorizar: no es posible esperar resultados diferentes con las mismas políticas de antes. Parte del origen del problema relativo al agua y la tierra es su conveniente separación de las dimensiones sociales de equidad y justicia, lo que abrió la puerta a una visión económica en la que el que tiene más, posee mayor ventaja. 

Es hora de corregir el rumbo y orientar la gestión del agua hacia la ética por la vida, poniendo en el centro de nuestras acciones el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro entorno. Por ello, también es vital algo que desde el IMTA hemos impulsado: la incorporación de la ética en las decisiones en torno al agua por parte de los ciudadanos, los agricultores, los investigadores, los administradores y los inversionistas. Todos tenemos derecho al agua, y cumplimos una función en la sociedad para hacer que este elemento habilite el desarrollo económico equitativo y el cierre de brechas de desigualdad. Apoyemos las decisiones con evidencia científica y transparencia de datos para así avanzar junto con la ciudadanía en el diseño del México que todos queremos. 

Referencias:

Cotter, J. 2003. Troubled Harvest: Agronomy and Revolution in Mexico, 1880-2002, Ed. Praeger, 424p.

Borwning, A. 2013. Corn, Tomatoes, and a Dead Dog: Mexican Agricultural Restructuring after NAFTA and Rural Responses to Declining Maize Production in Oaxaca, Mexico. Mexican Studies/Estudios Mexicanos 29(1):85-119, doi: 10.1525/msem.2013.29.1.85 

Gauss, S.M., 2013. Made in Mexico: Regions, Nation, and the State in the Rise of Mexican Industrialism, 1920s-1940s,

Penn State University.

Moreno Vázquez, JL. 2006. Por abajo del agua. Sobreexplotación y agotamiento del acuífero de la Costa de Hermosillo, 1945–2005. Hermosillo, El Colegio de Sonora, 507 pp.

Niblo, S.R., 1999. Mexico in the 1940s: Modernity, Politics, and Corruption, Rowman & Littlefield Publishers

Fuente: IMTA

 

La semana pasada hicimos un recorrido a través del periodo definido entre los años 1888 y 1917. Dando continuidad a la evolución del manejo del agua en la historia de México, en esta segunda parte retomamos nuestra historia a partir del parteaguas que significó la redacción del artículo 27 de la Constitución de 1917 que, como vimos, tuvo el mandato de llevar a cabo el reparto de agua y su conservación, además del reparto de tierra.  

 

La cúspide de la implementación del artículo 27 en territorio mexicano quedó simbólicamente sellada por el evento del 6 de octubre de 1946, en el que el presidente Ávila Camacho, acompañado por el expresidente Lázaro Cárdenas y el secretario de Agricultura y Fomento, Marte R. Gómez, inauguró la presa que finalmente domaría las aguas del río Nazas en El Palmito, cumpliendo el sueño que los técnicos habían vislumbrado cincuenta años antes. La presa fue renombrada en honor al presidente Cárdenas por su papel en la implementación de la reforma agraria en el México posrevolucionario. En su discurso, Marte R. Gómez recordó la fecha del 6 de octubre de 1936 como el día agrario más importante en la historia del país, por la solución del problema de la distribución de tierra. Asistieron al evento cerca de veinte mil campesinos, muchos de los cuales eran beneficiarios de la reforma agraria, tras una larga década de espera por una fuente de abastecimiento segura y predecible, representada por la gran presa. Por diez años, el reparto de aguas había estado integrado al reparto de tierras; sin embargo, los retos ambientales y técnicos impuestos por el río Nazas forzaron a los técnicos de la época a diseñar e implementar ambas estrategias (reparto de agua y tierra) de manera separada en tiempo y espacio. De forma natural, en el periodo definido entre los años 1936 y1946, la Región Lagunera estuvo plagada de conflictos y tensiones sociales entre ejidos y pequeños productores por la forma en la que se iba a implementar ese reparto. En ese momento de nuestra historia, esta presa representaba una esperanza de impulso a la producción agrícola y un camino seguro al éxito de la implementación de la reforma agraria, ambos simbolizados por la enorme escultura del general Cárdenas y los campesinos, erigida a un costado de la presa por la Comisión Nacional de Irrigación (CNI).

 

Al iniciar el sexenio del presidente Miguel Alemán, el 1o de diciembre de 1946, surgió una transformación adicional del sector hídrico. Durante su mandato, el presidente Alemán ampliaría y fortalecería la función de la CNI, transformándola en la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), el único ministerio en su tipo del continente, la cual tenía entre el 8 y el 11 % del presupuesto federal total. Si bien Alemán conservó el nombre de la presa como Lázaro Cárdenas, obra hidráulica diseñada para proveer de agua a los productores ejidales, optó por darle un giro al objetivo de la misma, dirigiendo la fuerza de la SRH y el agua de la presa hacia un propósito totalmente opuesto al del presidente Cárdenas.

 

A principios de ese mismo año dio inicio de forma intempestiva una sequía que persistiría por diez años sobre partes de Estados Unidos y la zona norte de nuestro país. Como resultado de los efectos de este evento, el presidente norteamericano, Franklin D. Roosevelt, estableció los distritos de conservación de suelo en su famoso New Deal. Lo que en México motivó la promulgación de una ley de conservación de suelo y agua durante el sexenio del presidente Ávila Camacho, cuyo propósito era la prevención de la erosión y las inundaciones. Curiosamente, esta ley definía la “conservación” del agua a través del represamiento de ríos y la construcción de bordos; es decir, no promovía la preservación del libre flujo de los ríos. La visión ingenieril de la época interpretaba como un defecto de la naturaleza los pulsos naturales en el caudal de los ríos, pues se le concebía como una fuerza destructiva y poco productiva.

 

La sequía trajo consigo niveles bajos en la presa, con registros que reportaban tan solo una fracción de su capacidad de almacenamiento. La agricultura de la región se volvió deficitaria desde el punto de vista hídrico, con lo que se incrementó considerablemente su dependencia sobre la extracción de agua subterránea. Esto a pesar de que el conocimiento hidrogeológico de la SRH había dictaminado por medio de decreto una serie de vedas para proteger al agua subterránea.

 

La falta de agua superficial por la sequía dio lugar a una tensión adicional entre los ejidatarios y el gobierno federal, el cual éste último aprovechó para presionar a los agricultores ejidales, acusándolos de presentar una resistencia a la tecnificación del riego y a la modernización de sus prácticas agrícolas. Este discurso fue el que conformó la reforma agrícola tecnocrática del presidente Alemán, diseñada para mutilar la progresividad social de la reforma agraria Cardenista. Sin lugar a dudas, las condiciones naturales complicadas desempeñaron un papel importante en esos años aciagos a mitad de la década de los cincuenta, pero la sequía fue tan solo uno más de los fenómenos perturbadores que colocaron a la región muy cerca del colapso socioeconómico. A esto debemos añadir la preferencia del Estado y del sector privado por el uso de tecnología ambientalmente invasiva en aras de un beneficio económico de corto plazo, políticas públicas que favorecieron la entrada y el establecimiento de la agroindustria altamente contaminante y el correspondiente debilitamiento de los ejidatarios, así como la discriminación en su contra. El ejemplo ideal de la conjunción de estas condiciones está dado por la proliferación del negocio de las bombas para la extracción de agua subterránea, personificada nada más y nada menos que por el secretario de Agricultura y Fomento, Marte R. Gómez, quien a través de su posición de privilegio fomentó la proliferación de pozos de extracción y la sobreexplotación del acuífero, en detrimento de los pequeños productores que no podían acceder a este tipo de equipo.

 

En 1945, el gobierno revisó el Artículo 27 constitucional para situar al agua subterránea bajo dominio federal. Esta revisión, junto con la Ley de Conservación del Suelo y el Agua de 1946, tuvo poco efecto sobre la conservación del agua o cualquier otro recurso natural. México se encontraba en medio de un proceso de industrialización y expansión comercial, y la agricultura, siendo un sector clave, era preponderante sobre cualquier otra consideración ambiental. La política alemanista de importar en lugar de industrializar al país resultó en una época caracterizada por conflictos de interés y corrupción que dejó muchas leyes sin efecto (Gauss, 2013; Niblo, 1999). Marte R. Gómez fue el símbolo de esa época, al involucrarse en la promoción de bombas de extracción de agua subterránea, al mismo tiempo que ejercía funciones de secretario de estado. Este funcionario aprovechó para su beneficio personal la sequía de agua superficial, junto con la política de importación del gobierno federal, para abrir la puerta a la comercialización de equipos extranjeros que garantizaban el acceso al agua subterránea a los agroindustriales. Tan estrecho fue el lazo con la compañía encargada de manufacturar las bombas (Worthington), que una vez dejado el puesto de secretario de estado, Gómez se convirtió en prestanombres de la empresa en México y logró el establecimiento de una planta en el país (Cotter, 2003). Miguel Alemán inauguró dicha planta el 15 de mayo de 1951 en la Ciudad de México, evento que encarnó la operación del poder político a favor del poder económico, pues se utilizó todo el aparato del Estado para generar las condiciones más favorables para dicho establecimiento. Se otorgaron los permisos de importación y exención de impuestos a través de Hacienda y se utilizó la Ley de Fomento de Industrias de Transformación para facilitar el acuerdo. Se llegó incluso al grado de pagar, a través de la emisión de bonos serie B de Nacional Financiera, el 25 % del capital invertido en la instalación de esta empresa extranjera en nuestro país. Para el año 1954, las ganancias de Worthington de México se habían incrementado diez veces, de un millón a diez millones de pesos. Este “éxito empresarial” en tan corto tiempo fue resultado de las políticas favorables de importación del gobierno federal y del levantamiento de vedas de agua subterránea en virtud de la alta demanda del recurso en la región lagunera.

 

De forma paralela, después de la Segunda Guerra Mundial, se impulsó en México el uso de pesticidas y fertilizantes a gran escala, para lo que se implementó la llamada Revolución Verde. Inicialmente patrocinada por la fundación Rockefeller y bajo el auspicio del gobierno de México, esta iniciativa permitió la entrada de fertilizantes y semillas cuyo propósito, en teoría, era garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad y reducir la pobreza rural y urbana. Evidentemente, el esfuerzo no solamente falló en este sentido, sino que ayudó a incrementar la desigualdad económica en México. Lo que es peor, después de ser un país autosuficiente en la producción de granos durante la década de los sesenta, en los setenta, México pasó a ser un país importador de alimentos, situación que continúa hasta nuestros días y que se ha agravado desde la ejecución del Tratado de Libre Comercio (Browning, 2013). Es importante señalar que el gobierno de México de esa época siempre fue un socio gustoso de los intereses extranjeros para la implementación de estas medidas; es decir, no fueron impuestas. En este sentido, como ya hemos visto, el papel de funcionarios faltos de ética, que después serían “exitosos empresarios”, fue clave.

 

La modificación de 1945 al artículo 27 constitucional daba al Estado, en papel, la rectoría sobre el agua subterránea, pero desde entonces arrastramos una escasa capacidad de implementación y verificación en el territorio, ya sea para verificar las vedas de extracción o los volúmenes concesionados. Esto se debe a tres factores corrosivos: conflictos de interés entre los técnicos y sus inversiones en negocios de manufactura de equipos de bombeo, la insaciable demanda de agua de la agroindustria y la displicencia por los efectos de largo plazo de las actividades extractivas de corto plazo (Moreno Vázquez, 2006). Los efectos negativos de estas acciones afectaron gravemente y de forma desproporcionada a los más pobres, principalmente ejidatarios, a quienes siempre se les complicó el acceso al agua.

 

El periodo aquí descrito evidencia el gran daño que en la historia moderna del país ha generado la corrupción rampante. Esta resulta de un comportamiento poco ético de técnicos y funcionarios públicos de alto nivel, encargados de administrar la nación, su tierra y su agua. Las similitudes con el estado actual de las cosas son muy grandes. Por esta razón, debemos aprovechar que esta administración busque el saneamiento de la vida pública nacional. Es obligación de todos participar y construir la transformación hídrica por la vida. La lección de este periodo de la historia nos indica algo que ya sabemos, pero que nos falta interiorizar: no es posible esperar resultados diferentes con las mismas políticas de antes. Parte del origen del problema relativo al agua y la tierra es su conveniente separación de las dimensiones sociales de equidad y justicia, lo que abrió la puerta a una visión económica en la que el que tiene más, posee mayor ventaja.

 

Es hora de corregir el rumbo y orientar la gestión del agua hacia la ética por la vida, poniendo en el centro de nuestras acciones el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro entorno. Por ello, también es vital algo que desde el IMTA hemos impulsado: la incorporación de la ética en las decisiones en torno al agua por parte de los ciudadanos, los agricultores, los investigadores, los administradores y los inversionistas. Todos tenemos derecho al agua, y cumplimos una función en la sociedad para hacer que este elemento habilite el desarrollo económico equitativo y el cierre de brechas de desigualdad. Apoyemos las decisiones con evidencia científica y transparencia de datos para así avanzar junto con la ciudadanía en el diseño del México que todos queremos.

 

Referencias:

Cotter, J. 2003. Troubled Harvest: Agronomy and Revolution in Mexico, 1880-2002, Ed. Praeger, 424p.

Borwning, A. 2013. Corn, Tomatoes, and a Dead Dog: Mexican Agricultural Restructuring after NAFTA and Rural Responses to Declining Maize Production in Oaxaca, Mexico. Mexican Studies/Estudios Mexicanos 29(1):85-119, doi: 10.1525/msem.2013.29.1.85

Gauss, S.M., 2013. Made in Mexico: Regions, Nation, and the State in the Rise of Mexican Industrialism, 1920s-1940s,

Penn State University.

Moreno Vázquez, JL. 2006. Por abajo del agua. Sobreexplotación y agotamiento del acuífero de la Costa de Hermosillo, 1945–2005. Hermosillo, El Colegio de Sonora, 507 pp.

Niblo, S.R., 1999. Mexico in the 1940s: Modernity, Politics, and Corruption, Rowman & Littlefield Publishers