Ruth Zavaleta Salgado 30/08/2013 02:13
En estos días, pareciera que pocas cosas importan además de las manifestaciones en contra de la reforma educativa. Pero, afortunadamente, somos una sociedad dinámica y en movimiento constante; construimos desde diferentes perspectivas y de esa forma nos generamos y construimos nuevas expectativas. Tal es el caso del foro del agua que realizó PUMAUNAM los días 27, 28 y 29 de agosto bajo la dirección del doctor Fernando González Villarreal, coordinador técnico de la Red del Agua UNAM.
El trabajo del director de PUMAUNAM no es nuevo; de hecho data desde que aún no se promulgaba la feforma del artículo cuarto constitucional, que determina que, en nuestro país, el acceso al agua es un derecho humano. El debate no ha sido menor. A nivel mundial los antecedentes quedan manifiestos en los diversos foros internacionales, en donde, por cierto, nuestro país también ha sido sede, pero también en los compromisos de la declaración de Metas del Milenio.
Afortunadamente la reforma constitucional, en nuestro caso (publicada el 8 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación), ponía punto final a la primera etapa del debate y, por consecuencia, reforzaba el compromiso signado por nuestro país en dichos acuerdos: “Artículo cuarto: (...) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Sin embargo, la segunda etapa tiene que ver con la emisión de las leyes que se derivan de esta reforma y, sobre todo, lograr que este derecho se convierta en una realidad para todas las personas de la nación, pero, ¿cómo podemos garantizar el derecho al agua mientras los volúmenes del líquido disminuyen o son contaminados por la irresponsabilidad de los particulares o de los pobladores? Existen varias respuestas al respecto pero, sin lugar a dudas, las más visibles son las que se polarizan. Por una parte, en lo que respecta a la primera parte del cuestionamiento, están las posiciones radicales sobre que el Estado puede realizar la tarea y, la otra, sobre que se deben liberar aun más las concesiones. Sin embargo, desde mi punto de vista, ninguna de las dos prosperará porque, por una parte, tenemos que reconocer que el Estado no puede solo con la inversión para lograr solventar la falta de agua pero, por otra parte, también debe seguir siendo rector de los recursos naturales y su explotación.
Y en lo que respecta a la segunda parte, tenemos que generar condiciones que nos permitan tener una nueva cultura del uso y cuidado del preciado líquido. Fórmulas como las del Distrito Federal (por lo menos en la norma vigente), sobre subsidiar sólo determinados números de litros por habitante, pueden ser parte de las acciones que se tienen que realizar al respecto para que paguen más los que más la usan. Pero lo cierto es que el tema del agua es un problema que tenemos que enfrentar con una política de Estado en donde los tres Poderes, desde los tres niveles de competencia, coordinen acciones conjuntas. Por ejemplo, en el Legislativo federal, en 2012, impulsada principalmente por la fracción del Verde Ecologista (en especial el líder Arturo Escobar), ya se aprobó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que, precisamente, es la norma reglamentaria del artículo cuarto constitucional y le da dientes al Estado para sancionar a aquellos que hagan un mal uso del valioso líquido, pero también, entre otras cosas, obliga a que los gobiernos cuenten con un fondo dentro del presupuesto para reparar los daños ambientales asociados con el agua. Ahora urge la armonización en los 31 estados y el Distrito Federal.
Existen muchas más propuestas muy interesantes sobre este tema, como la hecha por el químico Luis Manuel Guerra sobre “la ciudadanía ambiental” y de la cual me referiré en el siguiente artículo por razones de espacio.
*Maestra en derecho constiucional por la UNAM
ruthzavaletas@hotmail.com
Fuente: Excelsior
Ruth Zavaleta Salgado 30/08/2013 02:13
En estos días, pareciera que pocas cosas importan además de las manifestaciones en contra de la reforma educativa. Pero, afortunadamente, somos una sociedad dinámica y en movimiento constante; construimos desde diferentes perspectivas y de esa forma nos generamos y construimos nuevas expectativas. Tal es el caso del foro del agua que realizó PUMAUNAM los días 27, 28 y 29 de agosto bajo la dirección del doctor Fernando González Villarreal, coordinador técnico de la Red del Agua UNAM.
El trabajo del director de PUMAUNAM no es nuevo; de hecho data desde que aún no se promulgaba la feforma del artículo cuarto constitucional, que determina que, en nuestro país, el acceso al agua es un derecho humano. El debate no ha sido menor. A nivel mundial los antecedentes quedan manifiestos en los diversos foros internacionales, en donde, por cierto, nuestro país también ha sido sede, pero también en los compromisos de la declaración de Metas del Milenio.
Afortunadamente la reforma constitucional, en nuestro caso (publicada el 8 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación), ponía punto final a la primera etapa del debate y, por consecuencia, reforzaba el compromiso signado por nuestro país en dichos acuerdos: “Artículo cuarto: (...) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Sin embargo, la segunda etapa tiene que ver con la emisión de las leyes que se derivan de esta reforma y, sobre todo, lograr que este derecho se convierta en una realidad para todas las personas de la nación, pero, ¿cómo podemos garantizar el derecho al agua mientras los volúmenes del líquido disminuyen o son contaminados por la irresponsabilidad de los particulares o de los pobladores? Existen varias respuestas al respecto pero, sin lugar a dudas, las más visibles son las que se polarizan. Por una parte, en lo que respecta a la primera parte del cuestionamiento, están las posiciones radicales sobre que el Estado puede realizar la tarea y, la otra, sobre que se deben liberar aun más las concesiones. Sin embargo, desde mi punto de vista, ninguna de las dos prosperará porque, por una parte, tenemos que reconocer que el Estado no puede solo con la inversión para lograr solventar la falta de agua pero, por otra parte, también debe seguir siendo rector de los recursos naturales y su explotación.
Y en lo que respecta a la segunda parte, tenemos que generar condiciones que nos permitan tener una nueva cultura del uso y cuidado del preciado líquido. Fórmulas como las del Distrito Federal (por lo menos en la norma vigente), sobre subsidiar sólo determinados números de litros por habitante, pueden ser parte de las acciones que se tienen que realizar al respecto para que paguen más los que más la usan. Pero lo cierto es que el tema del agua es un problema que tenemos que enfrentar con una política de Estado en donde los tres Poderes, desde los tres niveles de competencia, coordinen acciones conjuntas. Por ejemplo, en el Legislativo federal, en 2012, impulsada principalmente por la fracción del Verde Ecologista (en especial el líder Arturo Escobar), ya se aprobó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que, precisamente, es la norma reglamentaria del artículo cuarto constitucional y le da dientes al Estado para sancionar a aquellos que hagan un mal uso del valioso líquido, pero también, entre otras cosas, obliga a que los gobiernos cuenten con un fondo dentro del presupuesto para reparar los daños ambientales asociados con el agua. Ahora urge la armonización en los 31 estados y el Distrito Federal.
Existen muchas más propuestas muy interesantes sobre este tema, como la hecha por el químico Luis Manuel Guerra sobre “la ciudadanía ambiental” y de la cual me referiré en el siguiente artículo por razones de espacio.
*Maestra en derecho constiucional por la UNAM
ruthzavaletas@hotmail.com
Fuente: Excelsior
